El 19 de junio pasado, la ex ministra de Salud, Eugenia Sader Castellanos, se presentó en la Fiscalía 53 –en el edificio Villasmil, Parque Carabobo, en el centro de la ciudad- para rendir declaraciones por la presunta comisión s de delitos de corrupción. Llegó pasadas las 10:00 de la mañana, atavida con un pantalón y chaqueta de un blanco inmaculado sobre una camisa roja; usaba un collar de perlas y llevaba un bolso de mano. Antes de entrar, un reportero la abordó. Ella intentó responder a sus preguntas con naturalidad. Esbozó una media sonrisa y hasta vio directamente a la cámara. Pero titubeó. El Tiempo
-Se habla de malversación de fondos en su caso, ¿Qué tiene que decirle usted al país?
-Al pueblo venezolano, este… no sabemos, no podemos juzgar cuando no conocemos el expediente. Yo le diría a los que nos conocen (…) que vamos a esperar a ver qué dice el expediente. Hasta que no tengamos información veraz, no podemos dar una opinión… No hemos tenido acceso al expediente.
En esa toma de televisión, Sader, quien fue la última ministra de Salud del fallecido expresidente Hugo Chávez, lucía incómoda. Las ojeras, el cabello al descuido y la cara sin maquillaje la hacían ver demacrada. Llegó acompañada de sus abogados. “Vengo a cumplir, como todo servidor público, ante un llamado de un Poder Moral como es la Fiscalía General de la República. Yo fui una servidora pública”, dijo. Y reconoció que podría haber “alguna duda razonable” sobre su gestión y por eso estaba allí, para aclararla, para “ver de qué se trata”.
Así como Sader no se mostró extrañada por esa citación, a diputados de oposición, organizaciones no gubernamentales (ONG), centros de investigación, activistas y defensores del derecho a la salud, tampoco les pareció extraño. En realidad, esa imagen de la exministra entrando a encarar a la justicia la esperaban desde hace mucho tiempo, aunque haya sido una de las funcionarias más fieles de la revolución. Mientras estuvo frente al despacho de Salud, ella acumuló, según la justicia, un expediente grueso de denuncias y señalamientos.
Tras la comparecencia, que se extendió por seis horas, le imputaron tres delitos: peculado doloso propio, sobregiro presupuestario y asociación para delinquir. Ella, a la salida del tribunal, reiteró: pudieran haber “dudas razonables en los procesos administrativos”. Y se apuró a destacar que durante su gestión fueron inaugurados 25 hospitales, 115 centros de diagnóstico integral, 14 centros de Misión Sonrisa y cuatro centros de radioterapia.
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por Ana Karina via LaPatilla.com
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